Al 2024, las personas que viven y transitan en Paraguay, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, cuentan con un sistema nacional de protección social y de cuidados con acceso equitativo a servicios integrales y de calidad.
Sistema de protección social. El Gabinete Social, a través de la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS), lidera el Sistema de Protección Social de Paraguay (SPS). Desde 2021, llega a los distritos de Mariscal Estigarribia, Santa Rosa del Aguaray, San Juan Nepomuceno y Villeta a través de la asistencia técnica de la FAO y UNICEF.
Asimismo, el sistema de recolección de datos para la identificación de la condición de protección y desprotección de la población y los hogares y la priorización de acciones fue fortalecido a través de la aplicación de la “Ficha Integrada de Protección Social”.
en el marco del Sistema de Protección Social, con liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el país cuenta con un Plan Nacional de Reducción de la Pobreza (PNRP) con enfoque de género, seguridad alimentaria y nutricional e interculturalidad que está en proceso de implementación en algunos distritos del departamento de San Pedro.
Sistema Integrado de Información Social (SIIS). PNUD apoyó el proceso de actualización de la plataforma de visualización de datos e indicadores e-Heka, herramienta digital de acceso público que muestra de forma gráfica la información alojada en el SIIS.
El Ministerio de la Mujer, con apoyo de ONU Mujeres, presentó al Poder legislativo el proyecto de Ley que formula la Política Nacional de Cuidados del Paraguay (PNCP) y crea el Sistema Nacional de Cuidados (SINACUP).
Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI). En el primer trimestre de 2021, un decreto de la Presidencia aprobó como política pública el PNPI. Además, el INDI dispone de la reglamentación establecida por el decreto 1.039, por el cual se aprueba el protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas, y una propuesta para el sistema de gobernanza, participación y monitoreo del PNPI.
Salud pública. A través del trabajo de OPS/OMS, UNFPA y UNOPS, la ONU brindó apoyo al país en su proceso de recuperación de la crisis retomando otras prioridades sanitarias orientadas a la salud universal teniendo como base las enseñanzas de la pandemia y el horizonte de la Agenda 2030. En este ámbito se destacan:
i) el desarrollo e implementación de la Política Nacional de Recursos Humanos en Salud del Paraguay 2020-2030 del Observatorio de Recursos Humanos en Salud;
ii) los avances en el escalamiento nacional del Modelo de Cuidados Crónicos y del Plan de respuesta de enfermedades no transmisibles (ENT) en las 18 regiones sanitarias y el 100% (804) de las unidades de salud familiar para prevenir y controlar estas afecciones, patologías, con la dotación de equipos informáticos y de telemedicina, insumos, materiales y capacitaciones. Entre 2019 y 2020 se produjo una reducción del 4,6% (equivalente a 15.767 personas) en las muertes causadas por ENT;
iii) la Evaluación del Plan Nacional de Salud Adolescente y el fortalecimiento de los servicios para la atención integral de adolescentes;
iv) la adquisición de 100.000 unidades de pruebas de Sífilis VDRL y 64.200 pruebas de detección rápida de VIH al Programa Nacional de Control de VIH/SIDA/ITS (PRONASIDA), con el financiamiento de ITAIPU Binacional y la implementación de UNOPS; y el apoyo a la búsqueda activa de casos de VIH y las enfermedades desatendidas (lepra, tuberculosis, leishmaniasis y chagas) a fin de retomar el tratamiento oportuno de casos.
v) el fortalecimiento de las capacidades del funcionariado del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) que mejoró sus conocimientos y protocolos para la implementación de actividades de detección, diagnóstico, tratamiento e investigación de casos de malaria a nivel nacional; y
vi) con el fin de resguardar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, UNOPS ha colaborado con la ITAIPU Binacional en la compra de un generador eléctrico cabinado para la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS).
EL PAÍS APROBÓ EL PLAN NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS
ADOLESCENTES FORTALECIDOS/AS PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL
PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS ASISTIDAS
Salud materna e infantil. Las guías nacionales de atención y vigilancia de la morbi-mortalidad materna, fetal, neonatal e infantil fueron actualizadas teniendo como valor agregado la inclusión e institucionalización del módulo para la identificación de las complicaciones maternas agudas graves (Near Miss). Ante la adopción de decisiones urgentes que pueden poner en peligro la vida de una gestante, dicho módulo permite identificar el riesgo que corre la paciente y facilita la toma de decisiones médicas urgentes destinadas a prevenir su muerte.
A su vez, se establecieron redes comunitarias para la promoción de la salud materna-neonatal y de adolescentes a través de la metodológica “Diálogo de Saberes, mejorando la comprensión y articulación entre los equipos de salud locales y pueblos indígenas y población campesina” y se asistió en la elaboración de planes locales y ofreciendo capacitaciones a los y las agentes de salud y a líderes y lideresas comunitarias con miras a mejorar los servicios. Estas acciones también fueron acompañadas de la generación de evidencias sobre las intervenciones en el sistema a la atención a la salud materno-neonatal con el objetivo de fortalecer los procesos de toma de decisiones. El apoyo de la ONU a la atención a la salud materno-neonatal fue articulado entre OPS/OMS, UNFPA y UNICEF.
Salud sexual y reproductiva (SSR). El monitoreo y evaluación de planes y políticas de salud pública, en particular, en relación con salud sexual y reproductiva y salud adolescente fue fortalecido. Además, la capacidad de oferta de servicios de salud sexual y reproductiva fue fortalecida a través del entrenamiento en emergencias obstétricas y SSR de 450 funcionarios/ as, incluyendo personal médico, de enfermería y obstetras. Se dotó de instrumental al 100% de los servicios del distrito de Caaguazú y a otros 19 servicios seleccionados de Concepción, Boquerón, Guairá, Caazapá, Paraguarí y Amambay. Se desarrolló la app “Mi libreta de control prenatal” y la producción de materiales como libreta de salud adolescente, violentómetro y tallímetro. Se apoyó la implementación de la estrategia regional de escalamiento de métodos anticonceptivos de larga duración. Se mejoró la capacidad de oferta de planificación familiar a población indígena de Boquerón y de Caaguazú.
Protección. La Ruta intersectorial para la atención integral de niñas, niños y adolescentes fue desarrollada de forma participativa con integrantes del Sistema Nacional de Protección y cuenta con la aprobación del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, con apoyo técnico y financiero del UNFPA. Un total de 547.766 adolescentes de 15 a 18 años y 15.000 docentes fueron beneficiados con la implementación de estrategias para la prevención del abuso sexual y de la violencia virtual dentro del sistema educativo, lideradas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en alianza con la Policía Nacional. La campaña Ñañangareko para la desnaturalización y prevención del abuso sexual y del embarazo adolescente fue implementada por 4 ministerios, MEC, MSPBS, Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) y el Ministerio del Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS), y llegó a 7.361.330 personas con el apoyo del UNFPA. El MINNA y la ITAIPU Binacional, con apoyo de UNOPS, han realizado estudios de: (1) calidad del agua, geotécnicos y topográficos para cinco centros del MINNA y (2) percolación y diagnóstico para seis centros del MINNA ubicados en Cateura (Asunción), Ñemity (San Lorenzo, Central), Maka’i (Luque, Central), Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) y Villeta (Central) a fin de brindar condiciones óptimas de habitabilidad a niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad.
Educación. En el marco del proyecto de transformación educativa, UNICEF prestó asistencia técnica al MEC para la incorporación transversal de la educación inclusiva en las consultas, lineas de políticas y estrategias. Se dieron pasos significativos para la elaboración de libros de textos digitales accesibles, capacitación docente y su posterior escalabilidad mediante un testeo del piloto de un libro de texto digital. Se ha capacitado a profesionales en estrategias de fomento de la lectura en los primeros años con un enfoque inclusivo. Se ha contribuido al fortalecimiento de capacidades de familias, municipios y docentes para el fomento de las habilidades fundacionales para fomentar la lectura en los primeros años. También se apoyó la articulación de servicios en 5 distritos de Kunu ´u, la entrega de kits de bienvenida y la instalación de ludotecas.
La Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y UNOPS apoyaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en la implementación de mejoras en la infraestructura educativa de 2 escuelas agrícolas de San Pedro ampliando su capacidad para beneficiar a 152 jóvenes, hombres y mujeres. Este proyecto prevé llegar a 524 estudiantes en total, sumando 4 escuelas de Central y Cordillera.
Además, en alianza con ITAIPU Binacional, se realizó el relevamiento participativo de datos de 13 escuelas agrícolas dependientes de la Dirección de Educación Agraria del MAG. Este relevamiento de datos se realizó utilizando la aplicación UNOPS Collect en tiempo real en 11 departamentos del país y constituye la etapa inicial de planificación de la modernización de la educación técnica agropecuaria y agromecánica del Paraguay, que busca lograr una propuesta integral para mejorar la calidad de vida y el proceso educativo de 6.000 estudiantes, personal docente, administrativo y operativo a través de la autosostenibilidad y desarrollo de infraestructura.
Promoción de la igualdad de género en el desarrollo rural. La Comisión Interinstitucional de Aplicación de la Ley Nº 5446/15 “Políticas Públicas para Mujeres Rurales” cuenta con un reglamento de funcionamiento interno aprobado por Resolución N° 117/2021 para el periodo 2018-2023. Además, con el apoyo de FAO, se realizó la revisión y análisis de la situación actual de la implementación de la Estrategia para la Aplicación de la Ley N° 5446/15, estableciendo así una hoja de ruta ajustada a las prioridades y al contexto actuales, y que será implementada en 2022.
Personas migrantes y refugiadas. A diciembre de 2021, en Paraguay residen 7.274 personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado y migrantes venezolanos. La Plataforma de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) coordinó sus intervenciones en favor de dicha población y de las comunidades de acogida, incluyendo un ejercicio de Evaluación Conjunta de Necesidades para asistir, proteger y favorecer la integración de esta población.
Las Naciones Unidas, a través de ACNUR y OIM, proporcionó asistencia integral a 3.253 personas migrantes (14,44% niños, 15,12% niñas, 35,02% hombres, 35,42% mujeres) con apoyo de organizaciones de la sociedad civil en Alto Paraná, Asunción, Central, Itapúa y San Pedro. La asistencia consistió en el pago de alojamiento a las personas con riesgo de desalojo, provisión de alimentos, insumos no perecederos, kits escolares, primeros auxilios psicológicos para la salud mental y acompañamiento para la inserción laboral, regularización migratoria, acceso a los servicios de educación, salud y protección.
A través de Semillas para la Democracia, brindó asistencia humanitaria a 427 familias (1.128 personas) en situación de mayor vulnerabilidad y que sufren los efectos socioeconómicos de la pandemia. Un total de 505 hogares (1.136 personas) recibieron kits de hogar.
Se desarrollaron instrumentos de política pública como el Plan Estratégico y Plan Comunicacional para la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (SEDERREC) y protocolos de articulación interinstitucional y el “Perfil migratorio de Paraguay” con enfoque de género.
Se brindó asistencia económica a 42 personas (27 mujeres) víctimas de trata.
Al 2024, la sociedad civil empoderada habrá fortalecido su capacidad de articularse, generar alianzas e incidir en espacios cívicos, para el ejercicio de los derechos humanos y la cohesión social.
Participación protagónica de adolescentes y jóvenes. Con el apoyo de UNFPA, fortalecieron sus capacidades en derechos sexuales y reproductivos y violencia basada en género:
i) 200 adolescentes y jóvenes, a través de 13 escuelitas itinerantes de Educación Integral de la Sexualidad (EIS) no formal, implementadas por la organización juvenil Somos Pytyvoharas; y
ii) 13 organizaciones de adolescentes y jóvenes, de 9 departamentos de los 17 del país.
Adolescentes y jóvenes de la Coordinadora de los Derechos de la Niñez y Adolescencia mejoraron sus capacidades de incidencia en políticas públicas con el apoyo conjunto de UNFPA y UNICEF. Abordajes innovadores (Das Race GOAL! plataforma de juegos virtuales, Gramo Juventud, Consejo Consultivo Adolescente y Joven) fueron apoyados para que adolescentes y jóvenes organizados aboguen por sus derechos y ejerzan una participación protagónica para el posicionamiento en la agenda política, mediática y social de los derechos de adolescentes y jóvenes y de la oportunidad del bono demográfico. En alianza con universidades del interior del país, UNICEF apoyó la creación de una red de jóvenes voluntarios destinada a incidir en el comportamiento de las comunidades y generar evidencia de las diferentes manifestaciones y causas de la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Al 2024, las mujeres, adolescentes y jóvenes ejercen sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales participando en, y beneficiándose de acciones del Estado, en entornos libres de violencia y en condiciones de igualdad.
Empoderamiento económico de las mujeres: La "Estrategia de inclusión económica de mujeres rurales y urbanas" fue elaborada en el marco del PNRP con el liderazgo del MDS, institución que adoptó e implementó dicha herramienta. A través del estudio “Visibilizar el valor del tiempo” se pudo valorar y cuantificar el tiempo dedicado a las tareas domésticas no remuneradas. Esta investigación constituye un importante insumo para estimar el papel económico de las personas en sus hogares y, principalmente, de la mujer, sobre quien recae mayoritariamente la responsabilidad de las actividades domésticas y de cuidado en el hogar.
Liderazgo y participación política de las mujeres. A través del proyecto "Mujeres munícipes", con el apoyo de ONU Mujeres, 242 mujeres lideresas (62,5% de las participantes son autoridades municipales recién elegidas: 131 concejalas y 4 intendentas) adquirieron mayores conocimientos y habilidades para desarrollar y promover una agenda sensible al género y políticas públicas a nivel municipal, así como otros argumentos a favor de la igualdad y la no discriminación, en línea con los estándares internacionales y regionales, incluyendo la Agenda 2030 (ODS 5) y los compromisos internacionales vinculantes en materia de género (CEDAW y Belém do Pará). Asimismo, 46 representantes de 11 partidos políticos y 13 organizaciones de la sociedad civil (OSC) tienen un mayor conocimiento sobre los derechos políticos de las mujeres y la importancia de la paridad para la democracia y el logro de la igualdad sustantiva, en línea con los estándares internacionales y regionales y desde una perspectiva de interseccionalidad y derechos humanos. A través de un curso presencial desarrollado e implementado por ONU Mujeres, se capacitó a actores clave para la promoción de la paridad en Paraguay, abordando temas de igualdad de género y participación de las mujeres, ciudadanía, democracia, inclusión y paridad; políticas públicas para la igualdad de género y violencia política de género.
Atención a la violencia basada en género. El II Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres 2015-2020 fue evaluado con el objetivo de identificar su grado de implementación y recoger las lecciones aprendidas y recomendaciones fundamentales para la elaboración del III Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres.
La Ruta de intervención interinstitucional para atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual fue revisada por la mesa PREVIM (Prevención de la Violencia contra la Mujer) para su implementación a nivel local en 2022.
En alianza con el MINNA y Plan International, el "Estudio sobre uniones tempranas y forzadas en Paraguay" fue presentado y difundido con actores clave de gobierno y la sociedad civil.